Así lo revelamos en el informe “La carne que consume al planeta”, que publicamos este 12 de mayo y que pone en evidencia cómo la industria porcícola en la región crece de manera exponencial a costa de invadir Áreas Naturales Protegidas (ANPs), contaminar el agua, afectar el ecoturismo de los cenotes, generar deforestación en la selva maya y violentar los derechos humanos de pueblos indígenas.

De acuerdo con ese nuevo informe, de las 257 granjas  porcícola con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad.

Veinte granjas se ubican en sitios de conservación y 120 en sitios de restauración, 65% de ellas están en lugares de prioridad extrema. Al menos 43 se ubican en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y una en un sitio RAMSAR, que se refiere a humedales de importancia internacional.

Un total de 22 de las 257 granjas porcícolas que hay en la Península operan con  Manifestación de Impacto Ambiental, de acuerdo con los resultados de la investigación. Esto quiere decir que recibieron permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para operar.

¿Cuáles son los costos de esta industria?

El funcionamiento de estas granjas para la producción de carne pone en peligro los derechos medioambientales en la región:

• Contaminación del agua 

Realizamos muestreos de agua en pozos, tomas de agua de las granjas que se vierte directo en la selva y un cenote  de la región. Encontramos que en 5 de las 8 muestras se rebasa la NOM-001-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática.

Todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas en México, según lo estipulado en la NOM-127-SSA, la cual dicta los límites recomendados para uso y consumo humano.

• Deforestación y pérdida de biodiversidad 

La deforestación en la zona ha arrasado con 10 997.01 hectáreas de selva. Esto también representa una grave amenaza para especies carismáticas catalogadas en peligro de extinción o amenazadas según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Un ejemplo de las especies en riesgo son el jaguar en la selva o los peces ciegos en cenotes.

• Desplazamiento

Manuel Casanova es apicultor maya y ha sido desplazado por la presencia de una granja porcícola. Esto es parte de su testimonio: “Los principales impactos que tenemos ahora es que ya casi no tenemos tierras para producir,  porque Kekén dice que esas tierras son propiedad privada, son de ellos, y lo más doloroso es que otros estados nos están superando en las cosechas de miel cuando Yucatán era el primer lugar.  No saben cómo sufrimos las pérdidas de nuestra selvas y lo más importante, el agua, ojalá que la gente nos apoye en nuestra lucha; invito a quien sea a comprobar que lo que digo es verdad, ya no vamos a tener turismo, ni  pesca,  y lo más triste es la contaminación del agua y el aire”.

Alberto Rodríguez Pisté, portavoz del consejo maya del poniente de Yucatán Chikin-já, también ha expresado: “Hoy nuestra tranquilidad y seguridad se encuentran amenazadas por la presencia de una mega-granja porcícola entre las poblaciones de Kinchil y Celestún. La producción industrial de cerdos en esta granja ocasiona la extracción de grandes cantidades de agua del subsuelo, misma que utilizan para limpiar las jaulas, esta agua aunque pasa por los biodigestores, finalmente la regresan al monte o a la selva en un sistema de riego, y ésto ocasiona formación de lagunas de agua contaminada con excretas y orina de cerdo pero en grandes cantidades. Esta agua residual se filtra inmediatamente al manto freático y de no detener esto, en pocos años la región se verá afectada seriamente”.

¿Y el gobierno?

Pese a esta realidad, el Gobierno de Yucatán, en su Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, tiene como objetivo impulsar este tipo de industria, pero su papel es regular las granjas porcícolas que carezcan de MIA.

Por su parte, la Semarnat deberá verificar que las MIAs cumplan con todo lo necesario para la protección del medio ambiente y deberá garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho a la consulta y a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado, y se deberá priorizar la conservación de la selva/ biodiversidad respecto al desarrollo de las granjas.

Desde 2017, el pueblo maya de Homún comenzó una batalla legal en contra de una de estas mega granjas, el cual aún espera resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, desde Greenpeace demandamos al gobierno federal y local que ponga un alto a  las granjas industriales (instalaciones cerradas y confinamiento individual para animales), una ordenación rigurosa del territorio en las zonas de gran densidad ganadera en la península de Yucatán de manera que por ningún motivo las autoridades permitan ocupar suelo de protección conservación además de crear un sistema de monitoreo e inspección de la calidad de agua tanto estatal como nacional que permita evaluar el grado de contaminación y su comportamiento a través del tiempo.

Recordamos que el plan de recuperación económica de Andrés Manuel López Obrador y de las entidades debe ser verde y justo para garantizar no solo una recuperación económica en el corto plazo sino un modelo sostenible y saludable en el mediano y largo plazo que no incremente el cambio climático y nos aleje de una crisis climática -tanto o más catastrófica en términos tanto de salud como financiera- que la que vivimos actualmente por el Coronavirus.

(Via: GreenPeace/ Noticias)